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El Gobierno se ve obligado a llamar a la Generalitat para que proteja al menor de Canet
La ministra de Educación telefonea al 'conseller' catalán para interesarse por la situación del menor afectado y su familia
La presión política y social, el hecho de que la Generalitat de Cataluña se posicione del lado del colegio y no de la familia, una protesta convocada para este viernes en las cercanías del centro escolar... El Gobierno, en la figura de la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha visto obligado a llamar al gobierno catalán para instarle a que proteja a la familia del menor que consiguió que el 25% de clases del curso sean en castellano.
Una llamada entre la ministra y el conseller de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, en la que Alegría, según fuentes gubernamentales, no ha versado sobre la instancia a la ejecución de la sentencia que insta a impartir las clases en castellano, sino sobre la situación del menor y su familia.
Desde el Gobierno rechazan dar más detalles y se apela a la "discreción" con la que se trabaja en este asunto, pero se han visto obligados a realizar este gesto político -que no lingüístico, algo que incomodaría a ERC, socio de gobernabilidad- ante las amenazas sufridas por la familia.
Hasta ahora, los miembros del Gobierno se habían limitado a condenar las amenazas, que calificaban de "lamentables", pero también algunos ministros como Alberto Garzón han señalado no compartir la posición de esta familia de Canet de Mar (Barcelona) pues consideran que el español no está en peligro en ninguna parte de España.
"Separar contextos"
El aumento de la presión a la familia, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha ordenado "preservar la protección e intimidad" de la familia de Canet acosada y la manifestación convocada por los independentistas este viernes en la puerta del colegio han obligado a este movimiento medido.
Desde el Gobierno se hace hincapié en que hay que "separar los contextos". Es decir, por un lado está la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en español, "una sentencia que ha de cumplirse y respetarse", ha señalado Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros; y otra este "hecho puntual de acoso a un menor en un centro".
Así, la llamada de la ministra de Educación al conseller no la ha protagonizado la ejecución de la sentencia -el Gobierno sigue en una posición de stand by en este asunto para no provocar otro choque lingüístico con ERC, puesto que ya tiene abierto el de la ley audiovisual y la cuota del catalán a Netflix-, sino que Alegría "ha mostrado la total colaboración del Gobierno en el marco de las relaciones institucionales para que desde todos los medios públicos se proteja al menor y a la familia", señalan en el Gobierno. Poner "a disposición de la Generalitat todos los medios públicos" para ello.
Las competencias
Ocurre que las competencias en materia de seguridad dependen de la Generalitat y no del Gobierno. De ahí que el Ejecutivo se haya visto obligado a realizar este toque de atención. Según el artículo 164 del Estatuto de Cataluña, "corresponde a la Generalitat, en materia de seguridad pública, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal la planificación y regulación del sistema de seguridad pública de Cataluña y la ordenación de las policías locales; la creación y la organización de la Policía de la Generalitat-Mossos dEsquadra o el control y la vigilancia del tráfico".
Así como "las funciones gubernativas sobre el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación".
EL Mundo
La ministra de Educación telefonea al 'conseller' catalán para interesarse por la situación del menor afectado y su familia
La presión política y social, el hecho de que la Generalitat de Cataluña se posicione del lado del colegio y no de la familia, una protesta convocada para este viernes en las cercanías del centro escolar... El Gobierno, en la figura de la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha visto obligado a llamar al gobierno catalán para instarle a que proteja a la familia del menor que consiguió que el 25% de clases del curso sean en castellano.
Una llamada entre la ministra y el conseller de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, en la que Alegría, según fuentes gubernamentales, no ha versado sobre la instancia a la ejecución de la sentencia que insta a impartir las clases en castellano, sino sobre la situación del menor y su familia.
Desde el Gobierno rechazan dar más detalles y se apela a la "discreción" con la que se trabaja en este asunto, pero se han visto obligados a realizar este gesto político -que no lingüístico, algo que incomodaría a ERC, socio de gobernabilidad- ante las amenazas sufridas por la familia.
Hasta ahora, los miembros del Gobierno se habían limitado a condenar las amenazas, que calificaban de "lamentables", pero también algunos ministros como Alberto Garzón han señalado no compartir la posición de esta familia de Canet de Mar (Barcelona) pues consideran que el español no está en peligro en ninguna parte de España.
"Separar contextos"
El aumento de la presión a la familia, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha ordenado "preservar la protección e intimidad" de la familia de Canet acosada y la manifestación convocada por los independentistas este viernes en la puerta del colegio han obligado a este movimiento medido.
Desde el Gobierno se hace hincapié en que hay que "separar los contextos". Es decir, por un lado está la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en español, "una sentencia que ha de cumplirse y respetarse", ha señalado Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros; y otra este "hecho puntual de acoso a un menor en un centro".
Así, la llamada de la ministra de Educación al conseller no la ha protagonizado la ejecución de la sentencia -el Gobierno sigue en una posición de stand by en este asunto para no provocar otro choque lingüístico con ERC, puesto que ya tiene abierto el de la ley audiovisual y la cuota del catalán a Netflix-, sino que Alegría "ha mostrado la total colaboración del Gobierno en el marco de las relaciones institucionales para que desde todos los medios públicos se proteja al menor y a la familia", señalan en el Gobierno. Poner "a disposición de la Generalitat todos los medios públicos" para ello.
Las competencias
Ocurre que las competencias en materia de seguridad dependen de la Generalitat y no del Gobierno. De ahí que el Ejecutivo se haya visto obligado a realizar este toque de atención. Según el artículo 164 del Estatuto de Cataluña, "corresponde a la Generalitat, en materia de seguridad pública, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal la planificación y regulación del sistema de seguridad pública de Cataluña y la ordenación de las policías locales; la creación y la organización de la Policía de la Generalitat-Mossos dEsquadra o el control y la vigilancia del tráfico".
Así como "las funciones gubernativas sobre el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación".
EL Mundo