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- Out 5, 2021
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Escuela de Todos: "El desacato del 25% de castellano en las aulas es un problema nacional"
La plataforma que reclama que el español sea vehicular en la enseñanza catalana amplía ahora su ámbito de actuación a toda España
Escuela de Todos crece. La plataforma que aglutina a las principales entidades catalanas que reclaman la vehicularidad del castellano en la enseñanza da un nuevo paso y extiende su radio de acción más allá de Cataluña. Asociaciones de otras tres comunidades autónomas con cooficialidad lingüística, Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra, se han adherido a la iniciativa impulsada hace poco más de un año por colectivos como Sociedad Civil Catalana (SCC) o Asamblea por una Escuela Bilingüe para denunciar el incumplimiento de la sentencia judicial del 25% por parte de la Generalitat.
Asociación Pompaelo y Sociedad Civil Navarra (ambas de la región foral), las valencianas Docentes por la Libertad Lingüística e Idiomas y Educación y las isleñas PLIS Educación, por favor y Sociedad Civil Balear han decidido sumar fuerzas con la quincena de agrupaciones catalanas que se enfrentan al sistema de inmersión de manera unitaria desde diciembre de 2021. No hay, por ahora, representación vasca o gallega, pero, en rigor, lo que los promotores de Escuela de Todos buscan es que ese "Todos" interpele a organizaciones de cualquier zona de España, ya que "la imposibilidad de estudiar en la lengua común en todo el territorio es un problema nacional".
Así lo verbaliza Elda Mata, presidenta de Sociedad Civil Catalana desde el pasado abril. "Los incumplimientos de la sentencia del 25% ya no solo tienen que ver con la lengua, sino con una democracia fallida y con una falta de respeto al Estado de derecho", expresa en conversación con EL MUNDO respecto al desacato de la Generalitat. El Ejecutivo autonómico, añade, se vale de "un principio que no es real, ya que nadie ataca el catalán" y necesita "un enemigo externo que, en este caso, es la lengua española".
Movilización
La manifestación que recorrió el centro de Barcelona el 18 de septiembre bajo el lema "Español, lengua vehicular", una llamada de Escuela de Todos a la que también acudieron ciudadanos llegados de otros puntos del país, puso la semilla para la unión de entidades que hoy se ha presentado en Madrid. "Los requisitos que excluyen el castellano no pueden entenderse como un problema de las comunidades que tienen otra lengua cooficial, sino como una vulneración de derechos para todos los españoles porque se crean barreras que no permiten la libre circulación", expone la dirigente de SCC.
"En ningún otro país de Europa se da el caso de no poder estudiar en la lengua común", abunda Julián Ruiz-Bravo, secretario y portavoz adjunto de PLIS, unas siglas que significan Profesores Libres de Ingeniería Social. Este docente señala que la política lingüística de la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, "es una copia pura y dura de la de Cataluña". Su agrupación cree que hay varias fórmulas para "garantizar ese derecho fundamental".
No en vano, PLIS apoyó el decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas impulsado por el ex presidente José Ramón Bauzá en la última legislatura autonómica gobernada por el PP (2011-2015). Ruiz-Bravo considera que el famoso TIL, que implantaba el trilingüismo en las aulas, "debería haberse aplicado de un modo más escalonado". Aun así, cree que la marea verde balear, la movilización en su contra organizada por una gran parte de la comunidad educativa, "utilizó la excusa de la falta de profesores formados en inglés para ir contra el castellano".
No es partidario del plurilingüismo, en cambio, Miguel Ángel Robles, portavoz de Docentes por la Libertad Lingüística. "Es antipedagógico y nos da igual si se hace para imponer el valenciano, que es el único objetivo de la Generalitat, o para introducir asignaturas en inglés, como en Madrid, porque produce discriminación a los alumnos menos favorecidos, exclusión a los que tienen trastornos del aprendizaje y favorece a los que gozan de mejor situación socioeconómica", sostiene.
En este sentido, Robles asegura que el decreto de plurilingüismo aprobado en 2018 por el Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig "no responde a cuestiones educativas, sino a planteamientos políticos de corte nacionalista, emparentados además con el nacionalismo catalán, del que se sienten herederos, deudores y prácticamente compañeros". Y, en particular, señala a sus socios de Compromís por "defender la entelequia de los Países Catalanes y estar copiando el Programa 2000 de Jordi Pujol (el plan estratégico diseñado por el fundador de Convergència a principios de los noventa para que el nacionalismo permease en la sociedad)".
"El frente navarro"
La particularidad sociolingüística de Navarra, dividida en zonas vascófona, mixta y no vascófona, hace que Miguel Cornejo, presidente de la Asociación Pompaelo y vocal de Sociedad Civil Navarra, defina la comunidad foral como "el frente". "Aquí aún no han ganado y es donde hay que defender los derechos, mientras que en Cataluña y el País Vasco hay que recuperarlos", explica.
Con todo, Cornejo muestra preocupación por que se intente "repetir lo que pasó" en la vecina Euskadi, donde moldeando la oferta "se ha acabado por obligar a la gran mayoría de los alumnos a que se matriculen en colegios que tienen el euskera como idioma vehicular". Y señala como ejemplo: "Con el mismo número de estudiantes para abrir una línea en vasco en la zona mixta se cierra otra en español en Alsasua".
Cornejo percibe que, con el actual Gobierno de María Chivite, la presión para que el euskera gane terreno no es la experimentada durante la presidencia de Uxue Barkos (Geroa Bai), de 2015 a 2019. Sin embargo, acusa a la dirigente socialista de no enfrentarse a los nacionalistas por su dependencia para gobernar. "Como mucho, les da largas, pero en una hipotética segunda legislatura ya no podrá hacerlo más", pronostica.
Periodos preelectorales como estos tres meses que restan para las municipales y autonómicas son los momentos en que conflictos como el de la lengua cobran mayor relevancia. No obstante, Elda Mata cree que, en las últimas cuatro décadas, "desde la política no se le ha dado la importancia que tiene como derecho fundamental". Por esta razón, piensa que poder estudiar en la lengua común en todo el país queda hoy en manos de la sociedad civil y se muestra convencida de que "tarde o temprano, las sentencias se cumplirán".
Escuela de Todos emplaza a la ministra Pilar Alegría a garantizar que el español sea lengua vehicular
En su presentación como plataforma nacional, Escuela de Todos ha emplazado a la ministra de Educación, Pilar Alegría, a comprometerse para garantizar sus demandas y reconocer "los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos" y le solicitará una reunión.
La portavoz Ana Losada ha explicado que han dirigido cuatro preguntas a Alegría para conocer si su departamento sabe cuántos alumnos en las comunidades bilingües tienen el español como lengua materna; si está al tanto de cuántos estudian en castellano o en modelos bilingües; si conoce los resultados de los alumnos en las pruebas de competencias básicas en función de la lengua o si está informado sobre la movilidad de los alumnos en el interior de España.
EL Mundo
La plataforma que reclama que el español sea vehicular en la enseñanza catalana amplía ahora su ámbito de actuación a toda España
Escuela de Todos crece. La plataforma que aglutina a las principales entidades catalanas que reclaman la vehicularidad del castellano en la enseñanza da un nuevo paso y extiende su radio de acción más allá de Cataluña. Asociaciones de otras tres comunidades autónomas con cooficialidad lingüística, Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra, se han adherido a la iniciativa impulsada hace poco más de un año por colectivos como Sociedad Civil Catalana (SCC) o Asamblea por una Escuela Bilingüe para denunciar el incumplimiento de la sentencia judicial del 25% por parte de la Generalitat.
Asociación Pompaelo y Sociedad Civil Navarra (ambas de la región foral), las valencianas Docentes por la Libertad Lingüística e Idiomas y Educación y las isleñas PLIS Educación, por favor y Sociedad Civil Balear han decidido sumar fuerzas con la quincena de agrupaciones catalanas que se enfrentan al sistema de inmersión de manera unitaria desde diciembre de 2021. No hay, por ahora, representación vasca o gallega, pero, en rigor, lo que los promotores de Escuela de Todos buscan es que ese "Todos" interpele a organizaciones de cualquier zona de España, ya que "la imposibilidad de estudiar en la lengua común en todo el territorio es un problema nacional".
Así lo verbaliza Elda Mata, presidenta de Sociedad Civil Catalana desde el pasado abril. "Los incumplimientos de la sentencia del 25% ya no solo tienen que ver con la lengua, sino con una democracia fallida y con una falta de respeto al Estado de derecho", expresa en conversación con EL MUNDO respecto al desacato de la Generalitat. El Ejecutivo autonómico, añade, se vale de "un principio que no es real, ya que nadie ataca el catalán" y necesita "un enemigo externo que, en este caso, es la lengua española".
Movilización
La manifestación que recorrió el centro de Barcelona el 18 de septiembre bajo el lema "Español, lengua vehicular", una llamada de Escuela de Todos a la que también acudieron ciudadanos llegados de otros puntos del país, puso la semilla para la unión de entidades que hoy se ha presentado en Madrid. "Los requisitos que excluyen el castellano no pueden entenderse como un problema de las comunidades que tienen otra lengua cooficial, sino como una vulneración de derechos para todos los españoles porque se crean barreras que no permiten la libre circulación", expone la dirigente de SCC.
"En ningún otro país de Europa se da el caso de no poder estudiar en la lengua común", abunda Julián Ruiz-Bravo, secretario y portavoz adjunto de PLIS, unas siglas que significan Profesores Libres de Ingeniería Social. Este docente señala que la política lingüística de la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, "es una copia pura y dura de la de Cataluña". Su agrupación cree que hay varias fórmulas para "garantizar ese derecho fundamental".
No en vano, PLIS apoyó el decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas impulsado por el ex presidente José Ramón Bauzá en la última legislatura autonómica gobernada por el PP (2011-2015). Ruiz-Bravo considera que el famoso TIL, que implantaba el trilingüismo en las aulas, "debería haberse aplicado de un modo más escalonado". Aun así, cree que la marea verde balear, la movilización en su contra organizada por una gran parte de la comunidad educativa, "utilizó la excusa de la falta de profesores formados en inglés para ir contra el castellano".
No es partidario del plurilingüismo, en cambio, Miguel Ángel Robles, portavoz de Docentes por la Libertad Lingüística. "Es antipedagógico y nos da igual si se hace para imponer el valenciano, que es el único objetivo de la Generalitat, o para introducir asignaturas en inglés, como en Madrid, porque produce discriminación a los alumnos menos favorecidos, exclusión a los que tienen trastornos del aprendizaje y favorece a los que gozan de mejor situación socioeconómica", sostiene.
En este sentido, Robles asegura que el decreto de plurilingüismo aprobado en 2018 por el Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig "no responde a cuestiones educativas, sino a planteamientos políticos de corte nacionalista, emparentados además con el nacionalismo catalán, del que se sienten herederos, deudores y prácticamente compañeros". Y, en particular, señala a sus socios de Compromís por "defender la entelequia de los Países Catalanes y estar copiando el Programa 2000 de Jordi Pujol (el plan estratégico diseñado por el fundador de Convergència a principios de los noventa para que el nacionalismo permease en la sociedad)".
"El frente navarro"
La particularidad sociolingüística de Navarra, dividida en zonas vascófona, mixta y no vascófona, hace que Miguel Cornejo, presidente de la Asociación Pompaelo y vocal de Sociedad Civil Navarra, defina la comunidad foral como "el frente". "Aquí aún no han ganado y es donde hay que defender los derechos, mientras que en Cataluña y el País Vasco hay que recuperarlos", explica.
Con todo, Cornejo muestra preocupación por que se intente "repetir lo que pasó" en la vecina Euskadi, donde moldeando la oferta "se ha acabado por obligar a la gran mayoría de los alumnos a que se matriculen en colegios que tienen el euskera como idioma vehicular". Y señala como ejemplo: "Con el mismo número de estudiantes para abrir una línea en vasco en la zona mixta se cierra otra en español en Alsasua".
Cornejo percibe que, con el actual Gobierno de María Chivite, la presión para que el euskera gane terreno no es la experimentada durante la presidencia de Uxue Barkos (Geroa Bai), de 2015 a 2019. Sin embargo, acusa a la dirigente socialista de no enfrentarse a los nacionalistas por su dependencia para gobernar. "Como mucho, les da largas, pero en una hipotética segunda legislatura ya no podrá hacerlo más", pronostica.
Periodos preelectorales como estos tres meses que restan para las municipales y autonómicas son los momentos en que conflictos como el de la lengua cobran mayor relevancia. No obstante, Elda Mata cree que, en las últimas cuatro décadas, "desde la política no se le ha dado la importancia que tiene como derecho fundamental". Por esta razón, piensa que poder estudiar en la lengua común en todo el país queda hoy en manos de la sociedad civil y se muestra convencida de que "tarde o temprano, las sentencias se cumplirán".
Escuela de Todos emplaza a la ministra Pilar Alegría a garantizar que el español sea lengua vehicular
En su presentación como plataforma nacional, Escuela de Todos ha emplazado a la ministra de Educación, Pilar Alegría, a comprometerse para garantizar sus demandas y reconocer "los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos" y le solicitará una reunión.
La portavoz Ana Losada ha explicado que han dirigido cuatro preguntas a Alegría para conocer si su departamento sabe cuántos alumnos en las comunidades bilingües tienen el español como lengua materna; si está al tanto de cuántos estudian en castellano o en modelos bilingües; si conoce los resultados de los alumnos en las pruebas de competencias básicas en función de la lengua o si está informado sobre la movilidad de los alumnos en el interior de España.
EL Mundo