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España, a la cola en estrategia anticorrupción entre los países de la OCDE
No dispone de un plan estratégico ni aplica regulación alguna a los grupos de interés
España es uno de los cinco Estados de la OCDE que no ha definido una estrategia anticorrupción nacional ni dispone de un organismo institucional responsable de mitigar este riesgo en el sector público. Por el contrario, el país se sitúa a la cabeza en la definición de criterios de auditoría para perseguir los delitos de corrupción, aunque en la práctica no logra hacer efectivo su cumplimiento.
Según revela un informe del organismo publicado este martes, de media, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cumplen el 45% de las recomendaciones sobre cómo adoptar un plan estratégico de lucha contra la corrupción, mientras Canadá, Islandia, Irlanda y Noruega, junto con España, ni siquiera cuentan con dicho marco.
En términos de regulación sobre lobbies (grupos de interés), España también suspende, pues solo ha introducido en su normativa el 25% de los criterios que recomienda la OCDE y, en la práctica, no está forzando su cumplimiento. En los países de la organización, en promedio, uno de cada tres de estos criterios se está aplicando de forma efectiva.
El informe celebra que la legislación española imponga a los funcionarios cierto periodo de carencia tras abandonar su cargo público antes de poder dedicarse a otra actividad relacionada, pero apunta que esta obligación no se está garantizando en la práctica. Así, el organismo resalta la necesidad de regular la influencia de los grupos de interés en las instituciones del Estado, aumentar la transparencia de su actividad e incluirlos en un registro.
En el lado opuesto, los criterios españoles de auditoría interna y externa a aplicar ante casos de corrupción cumplen con el 92% de las recomendaciones de la OCDE -frente al 67% de media entre los países miembros-. Sin embargo, en la práctica solo se aplica el 37% de estos criterios, un porcentaje ligeramente superior al promedio del 33% que registra la organización. En este sentido, el informe pone de manifiesto además que España no está recogiendo datos de las instituciones presupuestarias para elaborar su estrategia de gestión del riesgo.
El único ámbito en el que España sobresale, positivamente, es en términos de transparencia de la información. La legislación española sobre este aspecto satisface el 89% de los criterios recomendados por la OCDE y, en la práctica, ocho de cada diez de estos parámetros se están cumpliendo efectivamente. El informe celebra que la normativa nacional regule el tiempo máximo por el que puede extenderse la tramitación una solicitud de datos públicos y reconoce que toda la información relativa a la agenda del Gobierno, salario de los funcionarios y resultados electorales es de fácil acceso a través de los sitios web oficiales.
El Mundo
No dispone de un plan estratégico ni aplica regulación alguna a los grupos de interés
España es uno de los cinco Estados de la OCDE que no ha definido una estrategia anticorrupción nacional ni dispone de un organismo institucional responsable de mitigar este riesgo en el sector público. Por el contrario, el país se sitúa a la cabeza en la definición de criterios de auditoría para perseguir los delitos de corrupción, aunque en la práctica no logra hacer efectivo su cumplimiento.
Según revela un informe del organismo publicado este martes, de media, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cumplen el 45% de las recomendaciones sobre cómo adoptar un plan estratégico de lucha contra la corrupción, mientras Canadá, Islandia, Irlanda y Noruega, junto con España, ni siquiera cuentan con dicho marco.
En términos de regulación sobre lobbies (grupos de interés), España también suspende, pues solo ha introducido en su normativa el 25% de los criterios que recomienda la OCDE y, en la práctica, no está forzando su cumplimiento. En los países de la organización, en promedio, uno de cada tres de estos criterios se está aplicando de forma efectiva.
El informe celebra que la legislación española imponga a los funcionarios cierto periodo de carencia tras abandonar su cargo público antes de poder dedicarse a otra actividad relacionada, pero apunta que esta obligación no se está garantizando en la práctica. Así, el organismo resalta la necesidad de regular la influencia de los grupos de interés en las instituciones del Estado, aumentar la transparencia de su actividad e incluirlos en un registro.
En el lado opuesto, los criterios españoles de auditoría interna y externa a aplicar ante casos de corrupción cumplen con el 92% de las recomendaciones de la OCDE -frente al 67% de media entre los países miembros-. Sin embargo, en la práctica solo se aplica el 37% de estos criterios, un porcentaje ligeramente superior al promedio del 33% que registra la organización. En este sentido, el informe pone de manifiesto además que España no está recogiendo datos de las instituciones presupuestarias para elaborar su estrategia de gestión del riesgo.
El único ámbito en el que España sobresale, positivamente, es en términos de transparencia de la información. La legislación española sobre este aspecto satisface el 89% de los criterios recomendados por la OCDE y, en la práctica, ocho de cada diez de estos parámetros se están cumpliendo efectivamente. El informe celebra que la normativa nacional regule el tiempo máximo por el que puede extenderse la tramitación una solicitud de datos públicos y reconoce que toda la información relativa a la agenda del Gobierno, salario de los funcionarios y resultados electorales es de fácil acceso a través de los sitios web oficiales.
El Mundo