delfimsilva
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El portavoz del Gobierno heleno, Simos Kedikoglu, ha defendido la decisión de cerrar el ente público de radiotelevisión ERT y asegura que en el transcurso del verano la nueva empresa pública que lo sustituirá estará ya funcionando.
En una rueda de prensa con los medios extranjeros, Kedikoglu insistió en que ERT “no cierra”, sino que “renace”.
Precisó que todos los empleados (2.650) que ahora han quedado en la calle, tendrán la oportunidad de pedir un empleo en el nuevo ente, y que sus solicitudes serán analizadas siguiendo criterios “objetivos”.
Kedikoglu rechazó que el hecho de que la decisión fuera aplicada en cuestión de horas incumpla las normas del derecho laboral y, pese a que el decreto que ha permitido el cierre no contó con la firma de los ministros de los socios de la coalición, negó que haya una división en el seno del Gobierno.
“Los socios del Gobierno no ponen en duda la necesidad de reformar la televisión pública, solo están en desacuerdo con el cierre provisional”, dijo y añadió que todo lo que se ha hecho es acorde a legislación.
Algunos expertos jurídicos han puesto en duda que el decreto se ajuste a las normas legales, por no contar con las citadas firmas.
En una rueda de prensa con los medios extranjeros, Kedikoglu insistió en que ERT “no cierra”, sino que “renace”.
Precisó que todos los empleados (2.650) que ahora han quedado en la calle, tendrán la oportunidad de pedir un empleo en el nuevo ente, y que sus solicitudes serán analizadas siguiendo criterios “objetivos”.
Kedikoglu rechazó que el hecho de que la decisión fuera aplicada en cuestión de horas incumpla las normas del derecho laboral y, pese a que el decreto que ha permitido el cierre no contó con la firma de los ministros de los socios de la coalición, negó que haya una división en el seno del Gobierno.
“Los socios del Gobierno no ponen en duda la necesidad de reformar la televisión pública, solo están en desacuerdo con el cierre provisional”, dijo y añadió que todo lo que se ha hecho es acorde a legislación.
Algunos expertos jurídicos han puesto en duda que el decreto se ajuste a las normas legales, por no contar con las citadas firmas.