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Vox solicita ser acusación popular en el caso de Begoña Gómez ante la Fiscalía Europea
Vox ha presentado su solicitud de personación en los términos que facultan conforme derecho y la normativa que ampara el ejercicio de la acusación popular en España
Vox ha presentado una solicitud para actuar como acusación popular ante la Fiscalía Europea en una pieza separada del caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el partido, este caso también implicaría el uso indebido de fondos europeos.
La solicitud ha sido remitida por la vicesecretaria nacional jurídica de Vox y abogada del ICAM, Marta Castro, a la Fiscalía Europea. Esta pieza separada fue abierta el pasado 4 de junio, tras recibir el juez un escrito de la Fiscalía, según consta en una providencia firmada el 29 de mayo por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Este juzgado investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Dado que se trata de una providencia y no de un auto, el juez Juan Carlos Peinado no aportó mayores detalles sobre su decisión, limitándose a afirmar que: «Dada cuenta, por recibido el anterior oficio de la Fiscalía Europea y en su vista, procédase con el mismo a la apertura de pieza separada».
Fundamentos legales de la solicitud
Vox ha presentado su solicitud de personación basándose en el artículo 125 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado. Además, citan los artículos 110 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, protegidos por el artículo 24.1 de la Constitución, el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El partido también se ampara en una sentencia del Tribunal Supremo de 2003, que establece que la acción popular «es un derecho fundamental, derivado de su reconocimiento constitucional», y un derecho «cívico» y «activo».
Con esta acción, Vox busca asegurar que la transparencia y la justicia prevalezcan en un caso que podría tener implicaciones significativas para la administración de los fondos europeos y el sistema político español.
Estrella Digital
Vox ha presentado su solicitud de personación en los términos que facultan conforme derecho y la normativa que ampara el ejercicio de la acusación popular en España
Vox ha presentado una solicitud para actuar como acusación popular ante la Fiscalía Europea en una pieza separada del caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el partido, este caso también implicaría el uso indebido de fondos europeos.
La solicitud ha sido remitida por la vicesecretaria nacional jurídica de Vox y abogada del ICAM, Marta Castro, a la Fiscalía Europea. Esta pieza separada fue abierta el pasado 4 de junio, tras recibir el juez un escrito de la Fiscalía, según consta en una providencia firmada el 29 de mayo por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Este juzgado investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Dado que se trata de una providencia y no de un auto, el juez Juan Carlos Peinado no aportó mayores detalles sobre su decisión, limitándose a afirmar que: «Dada cuenta, por recibido el anterior oficio de la Fiscalía Europea y en su vista, procédase con el mismo a la apertura de pieza separada».
Fundamentos legales de la solicitud
Vox ha presentado su solicitud de personación basándose en el artículo 125 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado. Además, citan los artículos 110 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, protegidos por el artículo 24.1 de la Constitución, el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El partido también se ampara en una sentencia del Tribunal Supremo de 2003, que establece que la acción popular «es un derecho fundamental, derivado de su reconocimiento constitucional», y un derecho «cívico» y «activo».
Con esta acción, Vox busca asegurar que la transparencia y la justicia prevalezcan en un caso que podría tener implicaciones significativas para la administración de los fondos europeos y el sistema político español.
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