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El CGPJ defiende la labor del juez García Castellón tras las críticas de Ribera
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido una firme defensa del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en respuesta a las críticas de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, que había cuestionado al magistrado por su tendencia a intervenir en «momentos políticos sensibles».
El CGPJ, en una declaración institucional, ha calificado estas declaraciones como contrarias al principio de lealtad institucional, enfatizando que «Estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional».
El contexto de las declaraciones de Ribera, realizadas en una entrevista en TVE, surge tras la decisión del juez García Castellón de remitir al Tribunal Supremo la causa de ‘Tsunami Democràtic‘. En ella, se investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont, a Marta Rovira, secretaria general de ERC, y a otras 10 personas por presuntos delitos de terrorismo.
La reacción del CGPJ no se hizo esperar, con algunos de sus miembros conservadores solicitando una Comisión Permanente extraordinaria para abordar el asunto. En dicha reunión, se aprobó una declaración en la que se condena este tipo de comentarios por socavar la confianza ciudadana en la Justicia y contribuir al deterioro institucional. El comunicado destaca que estas declaraciones merecen un «rotundo rechazo», especialmente si interfieren en investigaciones en curso.
El CGPJ también ha reiterado su llamamiento a «la moderación, prudencia y mesura», y a «la responsabilidad institucional» para prevenir la politización de la Justicia. El comunicado concluye afirmando: «Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho».
Por otra parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha respaldado a García Castellón, negando cualquier «pretendida motivación política» en su actuación. Un auto fechado el 19 de enero, refrenda las decisiones del juez y rechaza las acusaciones de Josep Lluís Alay, colaborador de Puigdemont e investigado en la causa, que sugerían una motivación política en las resoluciones del juez.
En el ámbito asociativo, tanto la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) como el Foro Judicial Independiente (FJI) han instado al Gobierno a respetar la independencia judicial. Critican el «señalamiento» hacia los jueces y recuerdan que los plazos judiciales no dependen de ellos. La AJFV, a través de Luis Ortiz, miembro de su Comité Nacional, y Fernando Portillo de FJI, han enfatizado que los procesos judiciales deben mantenerse al margen de los intereses políticos, independientemente del momento o las conveniencias partidistas.
Estrella Digital
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido una firme defensa del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en respuesta a las críticas de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, que había cuestionado al magistrado por su tendencia a intervenir en «momentos políticos sensibles».
El CGPJ, en una declaración institucional, ha calificado estas declaraciones como contrarias al principio de lealtad institucional, enfatizando que «Estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional».
El contexto de las declaraciones de Ribera, realizadas en una entrevista en TVE, surge tras la decisión del juez García Castellón de remitir al Tribunal Supremo la causa de ‘Tsunami Democràtic‘. En ella, se investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont, a Marta Rovira, secretaria general de ERC, y a otras 10 personas por presuntos delitos de terrorismo.
La reacción del CGPJ no se hizo esperar, con algunos de sus miembros conservadores solicitando una Comisión Permanente extraordinaria para abordar el asunto. En dicha reunión, se aprobó una declaración en la que se condena este tipo de comentarios por socavar la confianza ciudadana en la Justicia y contribuir al deterioro institucional. El comunicado destaca que estas declaraciones merecen un «rotundo rechazo», especialmente si interfieren en investigaciones en curso.
El CGPJ también ha reiterado su llamamiento a «la moderación, prudencia y mesura», y a «la responsabilidad institucional» para prevenir la politización de la Justicia. El comunicado concluye afirmando: «Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho».
Por otra parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha respaldado a García Castellón, negando cualquier «pretendida motivación política» en su actuación. Un auto fechado el 19 de enero, refrenda las decisiones del juez y rechaza las acusaciones de Josep Lluís Alay, colaborador de Puigdemont e investigado en la causa, que sugerían una motivación política en las resoluciones del juez.
En el ámbito asociativo, tanto la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) como el Foro Judicial Independiente (FJI) han instado al Gobierno a respetar la independencia judicial. Critican el «señalamiento» hacia los jueces y recuerdan que los plazos judiciales no dependen de ellos. La AJFV, a través de Luis Ortiz, miembro de su Comité Nacional, y Fernando Portillo de FJI, han enfatizado que los procesos judiciales deben mantenerse al margen de los intereses políticos, independientemente del momento o las conveniencias partidistas.
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